¿COLOMBIA VUELVE A LOS FALSOS POSITIVOS? TRES MUERTES BAJO SOSPECHA EN OPERACIONES MILITARES

La situación recuerda el escándalo de los falsos positivos, en el que militares asesinaron a miles de civiles y los presentaron como guerrilleros muertos en combate. 

Una investigación publicada por The New York Times, el 30 de octubre, pone bajo la lupa tres muertes ocurridas durante recientes operaciones de las fuerzas de seguridad en Colombia. Los casos han despertado preocupación por posibles ejecuciones extrajudiciales y recuerdan el escándalo de los llamados «falsos positivos».

Uno de los casos es el de Luis Carlos Mojica, de 31 años, quien murió el 22 de septiembre en Guaviare. Su viuda y dos campesinos que aseguran haber presenciado los hechos sostienen que era un civil y que los soldados le dispararon cuando se encontraba desarmado. Sin embargo, el Ejército afirmó que pertenecía a una disidencia de las FARC y que portaba un fusil.

Los otros dos casos son los de Ricardo Martínez, de 18 años, muerto durante un operativo contra un grupo armado en la región Caribe, y Keiner Banguera, de 19, quien perdió la vida en una operación militar en Nariño. Sus familiares y denunciantes cuestionan que ambos fueran integrantes de organizaciones criminales, mientras que fuentes oficiales sostienen que estaban armados o atacaron a los militares.

Las tres muertes ocurrieron en medio de la ofensiva de mano dura del gobierno de Abelardo de la Espriella contra los grupos armados. Mientras sus seguidores defienden la estrategia como una respuesta necesaria frente a la violencia, sus críticos advierten sobre el riesgo de que civiles inocentes sean presentados como delincuentes para mostrar resultados militares.

La situación recuerda el escándalo de los falsos positivos, en el que militares asesinaron a miles de civiles y los presentaron como guerrilleros muertos en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado alrededor de 6.402 víctimas entre 2002 y 2008.

Ante las denuncias, la Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía investigar los tres casos. Por ahora, las circunstancias de las muertes siguen siendo objeto de versiones contradictorias y no hay conclusiones definitivas sobre lo ocurrido.

La pregunta de fondo es: ¿puede una política de seguridad justificar la muerte de personas sin que antes se esclarezca si realmente participaban en actividades criminales? 

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