Entrevista a Renán Vega

“ (..) En Colombia puede hablarse de un neoliberalismo armado (..)”

Por: Jorge Freytter-Florián

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En la presente entrevista al profesor Renán Vega Cantor brinda su testimonio entorno a varios aspectos, como son: el conflicto social y armado, paramilitarismo, pensamiento crítico, universidades públicas, democracia y violencia política en Colombia, todo estos elementos abarcan lo que venimos demostrando en base a nuestras hipótesis: la persecución política al Pensamiento Crítico en Colombia, con su visión académica y como parte de la Comisión Histórico del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) en las actuales Conversaciones de Paz.

¿Usted considera que el paramilitarismo será un obstáculo para la concreción en el post Acuerdo?

Si tenemos en cuenta que el paramilitarismo ha sido un instrumento privilegiado -más no el único- de la contrainsurgencia del bloque de poder en Colombia durante el conflicto armado, desde su mismo comienzo, para destruir las bases sociales de la insurgencia armada, no resultaría sorprendente que, si se firma un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado, el paramilitarismo le corresponda la tarea de empezar a amenazar, perseguir y asesinar guerrilleros desarmados. Al fin y al cabo, el paramilitarismo es anticomunista, como lo es el grueso de la población colombiana, y a partir de ese criterio la justificación de matar a los enemigos garantiza la plena impunidad. Por esta razón, si se quiere que no haya un derramamiento de sangre con posterioridad a los acuerdos, una condición obligatoria es que tanto el Estado como sus Fuerzas Armadas no solo se comprometan a liquidar el paramilitarismo sino que lo hagan en la práctica. De no ser así, el acuerdo va a nacer muerto.

¿Qué intereses económicos puede encontrar el paramilitarismo en las Universidades Públicas?

En el mundo contemporáneo y no solo en Colombia, la educación se ha convertido en un negocio. Eso es evidente en las universidades públicas que han sido transformadas por las políticas neoliberales. Al respecto, Colombia ha sido un laboratorio de experimentación, porque las universidades que todavía se denominan públicas, pero que en realidad poco lo son, están privatizadas, venden servicios, se encuentran al servicio de los intereses del capital privado y ya no son, como alguna vez lo pudieron ser, la cantera de algún proyecto crítico, alternativo o anticapitalista. Sobre esto último me refiero en términos globales, puesto que en forma aislada o individual algunas personas de la universidad pública encarnan propuestas anti- sistémicas. Estos dos elementos, el económico, convertir a la universidad en un vulgar negocio (que se asemeje a un supermercado o a un centro comercial), y el político, para erradicar cualquier proyecto disidente, se han consolidado en Colombia de la mano de la violencia física directa. Por eso, en diversas universidades públicas está comprobada la injerencia del paramilitarismo, para manejar presupuesto, nombrar rectores, controlar consejos superiores, con todo lo cual consiguieron apropiarse de los recursos estatales destinados a la financiación de las universidades.

¿En qué Universidades el paramilitarismo elegía, captaba, respaldaba las administraciones universitarias?

Existen múltiples casos en los que está comprobada la participación del paramilitarismo, directa o indirecta, tanto en el nombramiento de los rectores y miembros del consejo superior, como en el control de las instancias administrativas de las instituciones. También han existido casos de académicos, docentes e investigadores al servicio del paramilitarismo, un tema que ameritaría una investigación especial, pero que desde luego es muy complicada de realizar, por sus implicaciones políticas.

Entre algunas de las universidades en las que están comprobados los nexos directos con el paramilitarismo se encuentran la Universidad de Córdoba (existen grabaciones en las que Mancuso le da órdenes al rector y a miembros del Consejo Superior sobre lo que deben hacer), la Universidad Industrial de Santander, UIS, (también existen grabaciones en las que un rector conversa con un paramilitar y proporciona un listado de estudiantes de “izquierda” que deben ser asesinados) y en otras universidades de la costa los nexos de los paramilitares están comprobados, como en la del Atlántico.

¿Qué relación tiene el proyecto neoliberal con el modelo paramilitar y su irrupción en las universidades?

En Colombia puede hablarse de un neoliberalismo armado, con lo que se quiere decir que en este país el lesivo y antipopular proyecto neoliberal (la forma dominante de capitalismo en el mundo de hoy) se ha impuesto a sangre y fuego. Algunas personas y autores podrán decir que eso no es exclusivo de Colombia, porque en todos los lugares donde se ha impuesto el neoliberalismo lo ha hecho a partir del pánico, del terror, del miedo, de la intimidación, a lo que la investigadora canadiense Naomi Klein, llama apropiadamente la “Doctrina del Shock”. Esta autora demuestra, con multitud de ejemplos históricos (que van desde Chile, hasta China, pasando por los países de Europa oriental) que hay una relación directa entre la tortura y el neoliberalismo. Y en esa relación la universidad desempeña un papel central, porque, en el caso de América Latina, para generar terror uno de los principales lugares ha sido la universidad, en la que se han asesinado profesores, estudiantes, líderes sindicales, escritores, investigadores, artistas, se han destruido sus instalaciones, bibliotecas, laboratorios, se han quemado libros en piras que recuerdan los ritos nazis (Chile y Argentina son los casos más tristemente célebres), se ha eliminado carreras y programas de ciencias sociales y humanas…

Volviendo a la investigación de Naomi Klein, a mí me sorprende que ella no hable del caso colombiano, que es uno de los casos más claros del vínculo entre tortura y neoliberalismo, y donde se ha constituido el neoliberalismo armado. Con esto se quiere significar que para imponer el neoliberalismo en Colombia se ha recurrido a unos niveles inusitados de violencia por parte del bloque de poder contrainsurgente contra la población en general (recuérdese la magnitud y el sadismo de las masacres paramilitares a lo largo y ancho de Colombia, con el uso de la motosierra, de hornos crematorios, de los cocodrilos, para que devoraran vivos a los enemigos del establecimiento…). Por supuesto, la universidad pública no ha estado al margen tanto de esa violencia como de la imposición del neoliberalismo, como se demuestra con una gran cantidad de estudiantes, profesores, activistas que han sido encarcelados, perseguidos, exiliados y ciertos números apreciables secuestrados y asesinados. A eso, debe sumarse el papel que desempeñan los medios de desinformación dominantes (Caracol, RCN, El Tiempo…) para criminalizar a la universidad pública y difamar a aquellos que piensan y luchan contra el capitalismo en Colombia. Porque, adicionalmente, ese es un mecanismo para justificar la metamorfosis interna de la universidad, para que allí no se piense, ni proteste, sino que todos los miembros de las universidades se conviertan en robots amaestrados y dóciles.

¿Qué ha significado la mercantilización de la educación, proliferación de amenazas, extorsiones y secuestros a miembros de la comunidad universitaria?

Ya indicaba antes que la mercantilización de la universidad pública (inscrita en el proyecto neoliberal) y la persecución interna que allí se adelanta no son aspectos contradictorios, son complementarios. Para facilitar la transformación de lo público en privado, y de un derecho en un servicio mercantil, se recurre a la represión y a la persecución de aquellos que enfrenten ese proyecto. Así se despeja el camino para que la mercantilización sea aceptada y se tolere como algo normal, para que la educación universitaria se convierta en un negocio caro y de poco rigor, y para que se vuelva a fortalecer una educación clasista y discriminatoria, que solo beneficie a una minoría insignificante, la misma que domina en el país en todos los órdenes sociales, políticos y económicos.

¿Por qué se configura una política sistemática de persecución a los docentes colombianos?

Colombia, hay que decirlo y reconocerlo con vergüenza, está entre los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la profesión docente, hasta el punto que somos el primero o segundo en la lista de profesores asesinados, lugar que nos disputamos con Irak, país ocupado por los Estados Unidos por varios años y cuya política nefasta y criminal sigue destruyéndolo. Al profesor, a todos los niveles de la educación en Colombia -desde el pre-escolar al posdoctorado- no se le respeta de ninguna manera: tiene muy malos sueldos y condiciones laborales, se le inculpa por el pésimo estado de la educación colombiana (que en las pruebas PISA, siempre ocupa el último lugar), se le calumnia de manera cotidiana y se desprecia su profesión. Como a pesar de todo ello, muchos profesores en Colombia son ejemplo de dignidad, de resistencia y de lucha, pues contra ellos se organiza la persecución sistemática, porque además se les presenta como “subversivos”, “terroristas”, “comunistas” y calificativos similares con los de antemano se les descalifica y se les coloca una lápida.

En un país cruzado por la violencia estatal y para-estatal, por el anticomunismo visceral, por el arribismo y la idea del enriquecimiento fácil y la cultura traqueta (propia de Colombia), el que no se sujete a esas lógicas es un enemigo declarado que debe ser acallado o eliminado, y eso es lo que sucede con profesores críticos, vistos como un mal ejemplo para una niñez y juventud a la que se le han colocado como referentes y modelos no a los pensadores, sino a los narcos, a los sicarios, a las modelos pre-pago o a los futbolistas.

¿Qué nos puede permitir identificar estas persecuciones?

En la educación en general y en particular en la universidad pública a diario se vive y se respira la intolerancia y la persecución, y sobre todo, cuando se es crítico y las actuaciones de un docente o un estudiante rompen con las lógicas dominantes. A esas personas se les somete a todo tipo de persecuciones: que van desde los chismes, las amenazas, los chantajes, la persecución judicial (apertura de procesos disciplinarios, sanciones, suspensión o destitución), el secuestro, exilio o asesinato. Lo mencionado no es excepcional, es una práctica constante y sistemática, pero también avalada por el silencio cómplice de las autoridades universitarias y el grueso del profesorado y del estudiantado. Así, como cuando son asesinados dirigentes sindicales o líderes sociales y políticos de izquierda que cuando los matan el comentario que se impone es el de “por algo sería”, “algo debe haber hecho” para justificar y naturalizar los crímenes y el terrorismo de Estado, en la universidad sucede lo mismo y los comentarios que se imponen son del mismo estilo.

El Informe especial de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas se aborda la noción de Bloque de Poder Contrainsurgente en Colombia- BDPCi-, ¿puntualice el desarrollo de sus acciones en las Universidades Públicas en Colombia?

La noción de bloque de poder contra-insurgente fue acuñada por la investigadora Vilma Franco en un extraordinario libro que se titula Orden contra-insurgente y dominación. El término es de mucha utilidad, porque ubica el fenómeno paramilitar no como si fuera una realidad en sí mismo y explicable por sí mismo, sino como parte de la contrainsurgencia que ha caracterizado al Estado y las clases dominantes durante el siglo XX, desde antes de la aparición del movimiento armado de tipo insurgente. Ese bloque de poder acude a todas las formas de lucha y las combina, para eliminar, y en el mejor de los casos cooptar o integrar a los enemigos. Acude a la violencia física directa, a la violencia simbólica, a las acciones judiciales, a las calumnias mediáticas, a la desinformación, a la victimización y a muchos otros mecanismos para mantener su hegemonía. Eso mismo se aplica en las universidades, como lo hemos señalado anteriormente.

¿Qué opinión nos pueden transmitir sobre el impacto del paramilitarismo en las Universidades públicas?

El impacto del paramilitarismo en las universidades públicas, como en el conjunto de la sociedad colombiana, ha sido nefasto, porque contribuye a institucionalizar el terrorismo y el pánico como forma de dirimir los conflictos y contradicciones sociales. Instaura, como resultado, el conformismo, la pasividad, el miedo y la cobardía. La universidad debe ser un sitio de debate, de deliberación, de discusión y crítica permanente, pero esa misión desaparece cuando no se discute sino que se acalla violentamente al contradictor, que además no tiene armas, ya que usa la palabra, el libro, la cátedra para difundir sus ideas. El paramilitarismo introduce la fuerza bruta e irracional en el medio universitario, estableciendo el terrible precedente de vencer y no convencer, como en las universidades franquistas y fascistas.

¿Cuál será el papel de las universidades en este nuevo contexto de cambiar el relato de la violencia política vivida en 60 años de conflicto?

Aquí deberíamos precisar de qué tipo de universidad estamos hablando, de la actual, de la que realmente existe, o de una nueva universidad. Si es de la que existe, poco aporta, porque en ella se han impuesto los discursos oficiales sobre el conflicto armado -con excepciones individuales, pero que no modifican la tendencia general-, en las que el Estado ha sido la víctima, y Colombia es una democracia asediada. Eso caracteriza bien a la llamada violentología, que tiene uno de sus centros en la Universidad Nacional de Colombia (y principalmente en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI) y en la cual se ha impuesto la visión convencional sobre el conflicto colombiano. En la retórica de esos violentólogos ha desaparecido cualquier lenguaje crítico, anticapitalista, para asumir la lógica del Banco Mundial, de los Estados Unidos y de las clases dominantes y el Estado colombiano. Por supuesto, que esos relatos que predominan en la universidad pública de hoy no sirven para construir un nuevo relato sobre la historia contemporánea de Colombia, porque además están ligadas a la neoliberalización, privatización y universidad de la ignorancia, que define hoy a la universidad pública. Para pensar en otros relatos, es pertinente pensar en otra universidad, diferente a la dominante en la actualidad.

¿Cómo han soportado la persecución al Pensamiento Crítico y sus múltiples posiciones: víctimas, sobrevivientes, testigos y afectadas por esta violencia política las mujeres docentes, académicas y dirigentes políticas?

Como parte de la criminalización que soportan los miembros de la comunidad universitaria hay que mencionar que en las instituciones universitarias -en ninguna de ellas, incluyendo la Universidad Nacional- existen mecanismos institucionales no académicos que permitan brindarles apoyo a los profesores, estudiantes o trabajadores amenazados. Esto lleva a que cuando es amenazado un docente, por ejemplo, el asunto quede como una cuestión individual, que este debe resolver, bien renunciando a su cargo, pidiendo una licencia no remunerada -que son muy cortas y circunstanciales-, recurriendo a mecanismo académicos (como comisiones en el exterior, años sabáticos, profesor visitante), o simplemente quedándose en el cargo, esperando a que lo maten o lo secuestren. Ese comportamiento es perverso, porque reduce el asunto a una cuestión individual, como si las universidades en su conjunto no tuvieran nada que ver al respecto. Por eso, la solidaridad es más bien voluntaria y también individual o circunscrita a grupos pequeños de profesores y estudiantes. Cuando a un profesor le toca exiliarse a otra ciudad o a otro país tiene que soportar todo el peso que eso significa, en términos económicos y morales, porque no cuenta con ningún apoyo real. Como la situación de amenazas contra un docente o sus familiares genera pánico, en muchos casos la reacción es la de abandonar cualquier proyecto de lucha, quedarse callado y asumir una actitud pasiva y resignada. Con esto se consigue la desmovilización de gran parte de los que critican al sistema desde la universidad. Otros no se pliegan y tienen que asumir las consecuencias de sus acciones, con los costos humanos que eso tiene.

¿Recomendaciones para afrontar una verdadera reconciliación de la Memoria Histórica y las Garantías de No Repetición de los hechos vividos en la universidad?

Que se conozca la verdad sobre los nexos de gran parte de las administraciones de las universidades públicas con el bloque de poder contrainsurgente, incluyendo desde luego al paramilitarismo. Que se revele la documentación interna y se abran los archivos de las universidades para evidenciar la responsabilidad institucional en el acoso y persecución de aquellas personas consideradas incomodas o enemigas de la institución.

Para que eso no se repita, no se necesita solo voluntad -que el bloque de poder contrainsurgente no tiene- sino de una transformación interna de las universidades públicas, que implique construir otra universidad, pluralista, autónoma, democrática y popular.

¿Dónde se verá el acompañamiento del Pensamiento Crítico a los procesos Democráticos y de participación en las Comisiones de la Verdad, y Comisión de Esclarecimiento del Paramilitarismo?

Eso depende de la forma como se constituyan esas comisiones. Si allí participan pensadores críticos e independientes eso contribuirá a esclarecer los hechos y los responsables, para evitar caer en la teoría que hace carrera en los medios de desinformación y en el mundo académico, que revive la teoría de los dos demonios del funesto Informe Sábato. En el caso colombiano esa teoría es peor a la de Ernesto Sábato, porque este equiparaba la violencia del Estado con la del movimiento insurgente. En Colombia se dice que el Estado es una víctima, que no puede hablarse de terrorismo de Estado, y por lo tanto no hay una acción planificada y orquestada de terror institucional, sino que las acciones son estrictamente individuales. Al salvar de responsabilidad al Estado, se le atribuye la responsabilidad principal a la insurgencia y luego a los paramilitares, como si estos no fueran una manifestación institucional. Esta es la teoría de los dos demonios a la colombiana, que comparten la mayor parte de los violentólogos, no solo colombianos sino extranjeros, como Daniel Pecaut o Malcolm Deas. Es obvio, que alguien que piense críticamente no puede compartir esta visión, ni legitimar el terrorismo de Estado y si está en alguna de esas comisiones debería actuar en consecuencia con esa forma de pensar, que va en contravía de los prejuicios dominantes y de las mentiras establecidas sobre el conflicto colombiano.

¿Cuál será el papel de los Movimientos Sociales y Políticos en la construcción de la Democracia en Colombia?

Es fundamental, porque sin ellos no puede hablarse de democracia real y no formal, porque una de las razones históricas y estructurales que explica el conflicto armado en Colombia es la antidemocracia, o sea, el hecho de impedir que quienes piensan distinto y pretenden organizarse políticamente sean perseguidos y liquidados. Y en Colombia lo han sido quienes han encarnado proyectos distintos de país, desde los tiempos de Jorge Eliecer Gaitán.

¿Los gobiernos universitarios son Democráticos?

En general no lo son, por la misma forma cómo está diseñada la administración de la universidad pública, pues la composición del Consejo Superior de las universidades es terriblemente antidemocrática, pues predomina el gobierno de turno, ya que sus representantes son mayoría frente a los representantes de la comunidad universitaria. Además, es frecuente que los mismos representantes de esa comunidad se plieguen a los dictámenes oficiales. Además, no existe autonomía interna y los gobiernos universitarios están sometidas a presiones externas, a un manejo presupuestal cada vez más condicionado a seguir las políticas oficiales.

¿Cuáles son las deficiencias del modelo Democrático colombiano?

Hablar de democracia en Colombia es un muy mal chiste, que puede dejarse para los cultores de la ficción. Colombia es una “democracia asesina” si se quisiera seguir usando ese nombre tan manoseado de democracia. ¿De qué otra manera puede denominarse a uno de los países más injustos y desiguales del mundo, en donde se matan dirigentes sindicales, profesores universitarios, defensores de derechos humanos de manera permanente y a gran escala? ¿Qué democracia es aquella en la que ha habido una mayor cantidad de desaparecidos (como ha pasado en Colombia) que los ocasionados por la dictadura de Pinochet o de Videla? El gran problema, y logro para las clases dominantes de Colombia y su Estado, estriba en que al mundo le han vendido la idea de que este es un país democrático, una mentira que ha servido para camuflar la desigualdad, la explotación y la miseria.

¿Se impide en la Democracia colombiana, la investigación, la denuncia y el trabajo académico y político?

Hay que diferenciar entre la forma (el papel) y el contenido (la realidad). En la forma se reconoce la libertad de investigación, de crítica, de pensamiento, pero en la realidad cada día es más difícil ejercerlos, por múltiples canales de censura y de acallamiento, que resultan ser terriblemente efectivos para el régimen. Entre esos mecanismos están los señalados en términos de intimidación, pero deben nombrarse otros más sutiles, como la desaparición de editoriales y revistas de izquierda que dificulta la publicación de pensamientos alternativos y el peso que tienen los grandes medios de desinformación en el adoctrinamiento de la población colombiana. Ya no hay para que censurar, porque cómo puede competir una buena investigación crítica publicada en un libro, del que se editan cuando mucho mil ejemplares y que requiere de años, a veces decenas de años, para agotarse, con las mentiras que circulan por la televisión sobre los mismos acontecimientos de que trata un libro. Es bueno recordar que Colombia es uno de los países del mundo donde menos se lee y por eso ya los libros son inofensivos, al contrario de lo que sucedía en otro tiempo.

¿Qué ha pasado con los docentes orgánicos y críticos que se oponen a las políticas neoliberales de los últimos gobiernos en Colombia?

La mayor parte han sido perseguidos de múltiples formas, como lo evidencia el caso actual del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, que fue secuestrado en México y desde entonces su vida se ha convertido en un verdadero calvario, por el acoso a que lo somete el terrorismo de Estado en Colombia, que ha contado además con la complicidad de las autoridades, y de gran parte de docentes, de la Universidad Nacional de Colombia.

¿El Estado Colombiano es irresponsable en el respeto de los Derechos Humanos y laborales de los docentes?

El Estado colombiano no solo es irresponsable, ese es un término benigno, sino que es uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo, similar a Israel, Turquía. Las cifras al respecto son elocuentes en todos los planos, pero en esta ocasión solo recordemos una: los asesinatos de civiles causados por las Fuerzas Armadas, y bautizados con el eufemismo de “falsos positivos”. Estamos hablando del asesinato, en estado de indefensión, de humildes colombianos por parte del Ejército, de miles de personas. Y en eso están involucrados presidentes de la República, como el actual y el anterior para no ir más lejos.