Uniatlántico ¿Crisis de gobernabilidad o crisis legitimidad?

Por William Alexander Aguirre

La Universidad del Atlántico ha venido atravesando por una convulsión política y social, que ha traspasado el marco del paro nacional universitario desarrollado entre 2018 y 2019. El orden institucional se ve afectado por un sinnúmero de acontecimientos, que se han venido azuzando dentro y fuera de la institución. El debate en pasillos, redes sociales y medios de comunicación parece orientado a la gobernabilidad de la universidad en el contexto actual.

Hace apenas ocho meses el Observatorio de la Universidad Colombiana, que siempre ha operado como caja de resonancia del ministerio de educación, señalaba que la Universidad del Atlántico pasaba por una “nueva era”, con gobernabilidad y sin deudas; lo anterior, en relación a los primeros resultados del recién designado rector Carlos Prasca. Sin embargo, El Espectador señaló el pasado 7 de febrero que había una pérdida de gobernabilidad en la Uniatlántico, refiriendo los reclamos realizados por una estudiante al gobernador del departamento Eduardo Verano. Finalmente, Víctor López en el portal extranoticias.com.co reseñó que en la gobernación se realizan reuniones para examinar la gobernabilidad de la universidad, más allá de si continua o no Prasca en su cargo.

Es evidente que los líderes de opinión hegemónicos intentan encerrar las tensiones de la institución en el marco del discurso de la ingobernabilidad de la universidad, en ese orden de ideas, cabe preguntar sí en realidad es una crisis de gobernabilidad lo que ha hecho exaltar los ánimos dentro del campus en el periodo reciente.

El concepto de gobernabilidad se tiene sus orígenes en el informe presentado por Croizer, Huntintong y Watanuki a la Comisión Trilateral, principal tanque de pensamiento del capital transnacional en 1975. La idea principal de su informe sostiene que los gobiernos pierden la capacidad de obediencia por parte de los ciudadanos cuando las demandas de estos superan el nivel de institucionalidad existente. Lo anterior implica que la inestabilidad institucional responde a un exceso de exigencias por parte de los ciudadanos y no a un problema de legitimidad de los gobernantes frente a los ciudadanos.

La gobernabilidad se entiende entonces como capacidad de cooperación entre el Estado y la sociedad civil, en términos abstractos; o entre los gobernantes y los gobernados, en términos concretos. Por esta razón, es una preocupación principal de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial, la medición de la gobernabilidad de las naciones, entre tanto esta es una medida de la hegemonía de los Estados.

Al ministerio de educación y a la clase política tradicional del departamento, es apenas obvio que le preocupe la capacidad que tengan los rectores de la universidad para consolidar de manera hegemónica el proyecto educativo que se alinea con los requerimientos de la OCDE. Por esta razón, cada persona que se sienta en el despacho de la rectoría hace un intentó por parecer más comprometido que su antecesor con el cumplimiento de objetivos como la Acreditación Institucional. Pese a ello, todos se encuentran con una serie de barreras para el cumplimiento de sus misiones, por un lado, la disputa burocrática al interior de la clase política tradicional por el control administrativo y presupuestal del alma mater, por otro, la tradición de resistencia del movimiento estudiantil (resistencia que se expresa en la diversa gama expresiones, que van desde la condena absoluta al uso de la violencia hasta el culto de esta, pasando por sus diferentes matices).

Lo cierto, es que el “problema” de gobernabilidad parece no tener solución para la clase política tradicional, que ha intentado garantizar el control absoluto de la institución por diversas vías, desde la mano dura de la primera década de los 2000, hasta el intento de cooptación del movimiento universitario en periodos más recientes, pasando por la imposición de lo que aparentemente sería un modelo gerencial de administración pública (que prometía encarnar Prasca), sin al parecer encontrar la fórmula para el desarrollo de la política pública de educación sin los trastornos generados por las protestas, los escándalos de corrupción, y más recientemente, los escándalos sexuales.

El error radica en no reconocer que el origen de los conflictos al interior de la universidad no proviene de la “ingobernabilidad” de la comunidad universitaria (a quien pintan como una horda de salvajes y cavernícolas que están esperando al próximo rector para quemarlo vivo al interior de su oficina), sino que radica en la falta de legitimidad de los administrativos ante la comunidad universitaria, por no decir, la falta de legitimidad del Consejo Superior ante los uniatlanticenses que ven en cada actuación de este órgano una agresión nueva (cabe señalar que en los pasillos de la universidad la gente ya se pregunta cuándo será el próximo disturbio contra la reciente resolución que condena a la extinción la modalidad de doble programa).

La falta de legitimidad de los órganos de gobierno constituidos actualmente solo puede ser resuelta por medio de un proceso que permita la construcción de una nueva forma de cogobierno universitario, que garantice la participación de los estamentos en las definiciones más trascendentales del alma mater y abra una democracia universitaria de carácter participativo dentro del campus. Una constituyente universitaria permitiría la recuperación de la legitimidad de la institucionalidad, pero no sobre el reconocimiento del orden establecido actualmente en la institución, sino sobre la base de la construcción de una nueva institucionalidad. En conclusión, el problema de la Uniatlántico no es la ingobernabilidad de los gobernados, sino la ilegitimidad de los gobernantes, y su solución no es la mano dura impuesta con autoridad (mensaje enviado por el establecimiento tras el ingreso de la policía al campus), sino la autonomía y la democracia.