SEGUNDO CASO DE DETENCIONES MASIVAS, VIOLENCIA POLICIAL Y ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA PERSONAS TRANS EN EL MUNICIPIO DE MAICAO EN MENOS DE UN AÑO

ACNUR llama la atención que la deportación no debe ser la respuesta del Estado a una crisis humanitaria, con tintes de discriminación, que está expulsando de Venezuela a las personas LGBT.

En el municipio de Maicao, Guajira, el día 27 de mayo de 2019, mediante entrevistas practicadas a dos mujeres trans venezolanas, el equipo de Caribe Afirmativo documentó una serie de hechos que podrían constituir actos de detenciones arbitrarias, violencia policial y abuso de autoridad por parte de funcionarios de la Alcaldía de ese municipio, la Policía y la Oficina Migración, contra mujeres trans su mayoría migrantes venezolanas que no cuentan con estatus migratorio regular.

De acuerdo con el testimonio de las mujeres entrevistadas, el día viernes 24 de mayo, siendo aproximadamente las 10 de la noche, mientras se encontraban en el sitio conocido como El Tambo, en el que ejercen el trabajo sexual, 7 mujeres trans, 6 de ellas de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad colombiana, fueron abordadas por aproximadamente 8 agentes de policía, 3 funcionarios de la alcaldía de Maicao, entre los que se cuenta Marlon Castellanos, enlace LGBTI, y 2 de la Oficina de migración.

Manifestaron que mientras recibían por parte de los agentes de policía y los funcionarios de la alcaldía amenazas de deportación y acusaciones sobre la comisión de delitos, tales como hurtos, extorsiones y asesinatos, fueron trasladadas a la estación de policía, en la que las autoridades les anunciaron que se trataba de un operativo en respuesta a supuestas denuncias en su contra que habían sido interpuestas por la ciudadanía. Posteriormente, las 7 mujeres trans fueron trasladadas al Puesto Migratorio de Paraguachón en el que las hicieron permanecer hasta aproximadamente las 8 de la mañana del día sábado 25 de mayo, momento en el que finalmente las dejaron ir.

Se pone de presente que las mujeres entrevistadas manifiestan que no medió orden de detención o de deportación alguna en la realización de estos procedimientos y que, en el mismo, presuntamente otras migrantes venezolanas no pertenecientes a la población LGBT, quienes también ejercían el trabajo sexual, fueron trasladadas hacia la Estación de Policía y luego dejadas en libertad, sin ser deportadas.

Igualmente, la conversación con las mujeres entrevistadas permitió documentar los maltratos verbales infringidos por funcionarios de la Alcaldía, quienes, las mujeres manifiestan, fueron enfáticos en advertirles que las deportaciones se seguirían practicando.

El día  25 de Mayo de 2019, el Portal de Noticias, Contacto en Vivo Maicao, publicó una nota en  su página de Facebook, en la que se lee que la Policía Nacional había informado que  a partir del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Departamento de Policía de La Guajira, a través de la acción conjunta con Migración Colombia y  la alcaldía municipal, por medio de las oficinas de inspección de policía, secretaría de gobierno y espacio público, se había logrado la deportación de 7 miembros de la comunidad LGBTI, en la  realización de planes de recuperación de espacio público y registro a establecimiento abierto al público, en la implementación de  la tercera fase del Plan de Choque “Construyendo Seguridad”.

Ante estos hechos Caribe Afirmativo advierte que:

La migración de personas LGBTI venezolanas a territorio colombiano se enmarca en un contexto de crisis político-social en este país en el que se ha generado un aumento del tránsito de venezolanos hacia Colombia, y se vienen produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos y persecución a los miembros de dicho grupo poblacional,  que suponen una serie de riesgos para las personas que hacen parte del mismo, en virtud de los cuales, incluso para el caso de migrantes en situación irregular, se encuentra prohibido a partir de una interpretación de principios internacionales[1], trasladarles a zonas de fronteras, en los que dichos riesgos pudieran materializarse.

Es de destacar que, en muchos casos, la discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBT por su orientación sexual e identidad de género es lo que les obliga a migrar, lo que a su vez puede conducir a diversas formas de discriminación contra estas personas en países de tránsito y destino. Ahora bien, en la experiencia subjetiva de los migrantes LGBT venezolanos durante su tránsito y llegada a Colombia existen drásticos contextos de negación de derechos basados en la xenofobia y el prejuicio de las orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades de género diversas, producto de las cuales, particularmente para las mujeres trans, la falta de oportunidades laborales, en muchas oportunidades, les representa el ejercicio del trabajo sexual como única opción.

Teniendo en cuenta lo anterior, las actuaciones documentadas de la administración municipal, la policía y la autoridad migratoria resultan contrarias a los principios internacionales que protegen a personas migrantes venezolanas, especialmente, a aquellas pertenecientes a grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, como es caso de las personas LGBTI trabajadoras sexuales. De hecho, también en Colombia, la Corte Constitucional ha reiterado el carácter de sujetos de especial protección constitucional de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, y la Constitución en su artículo 100 señala que los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden los colombianos y de las mismas garantías de que gozan los nacionales.

No puede perderse de vista que hechos similares vienen siendo reiterativos, razón por la cual, en Diciembre de 2018, la Corporación Caribe Afirmativo presentó queja ante la Defensoría del Pueblo por hechos de violencia policial y agresiones por parte de servidores(as) públicos(as) de la Alcaldía de Maicao y de la Oficina de Migración, contra personas LGBTI migrantes venezolanas en medio de la realización de operativos irregulares de deportación, que tuvieron lugar entre Agosto y Diciembre de ese año en los cuales, a partir de una aplicación selectiva de la ley contra personas LGBTI venezolanas que ocupan el espacio público, estas fueron ingresadas a vehículos de las autoridades y llevadas a las afueras del municipio donde resultaron abandonadas en altas horas de la noche y la madrugada, dejándolas expuestas a cualquier peligro en una zona rural sin alumbrado público reconocida por la advertencia de presencia de grupos armados ilegales.

           

En vista de los hechos aquí puestos de presente, instamos:

Al Ministerio Público a revisar las actuaciones adelantadas por las autoridades civiles, migratorias y de policía del municipio de Maicao,  en vía pública en el sector de calles 16 y 17 con carrera 12 y 13 de dicho municipio, aproximadamente entre las 10 y 11 p.m. del viernes 24 de Mayo en las que resultaron deportadas por el puesto fronterizo de  Paraguachón hacia Venezuela 7 mujeres trans; 6 de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad colombiana; proceder con la verificación de derechos de las mismas, y recomendarles a las autoridades en cuestión acatar el marco jurídico constitucional e internacional de protección a las personas migrantes.

Fotografía: Radio Magdalena

A las autoridades del municipio de Maicao, principalmente a la Alcaldía, su secretaría de gobierno,  su enlace de población LGBT, a  la Policía  Nacional, y a Migración Internacional, abstenerse de ejercer actos que menoscaben los derechos de las personas migrantes venezolanas pertenecientes a grupos de especial protección constitucional  como las personas LGBT que se encuentren en dicho municipio fronterizo, y emprender acciones tendientes a garantizar sus derechos, incluido  el de la definición de su situación migratoria.

Lo anterior en virtud de las obligaciones positivas de protección que a Colombia como Estado de acogida de personas migrantes venezolanas le atañen, muy a pesar de la no existencia de regulación en materia de protección complementaria para las personas que no se encuentran en un estatus migratorio regular en  el país, lo cual de ninguna forma de debe traducirse en la  toma de acciones policivas y sancionatorias, como las que en este caso desconocen el escenario de vulnerabilidad que rodea la migración de personas de Venezuela a Colombia.

Igualmente hacemos un llamamiento a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, hacer seguimiento de la situación y dar aplicación a los protocolos de refugio en razón de identidad de género.

Advertimos que resulta urgente la implementación de acciones inmediatas de acogida a las personas trans venezolanas que se encuentran en Colombia, principalmente las que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad como aquellas que ejercen el trabajo sexual, como medida preventiva de la ocurrencia de otras formas de violencia, como los reiterados ataques que se vienen produciendo contra mujeres trans en los que por ejemplo en la ciudad de Valledupar, 3 resultaron heridas entre la noche del 03 y la madrugada del 04 de Mayo, o los hechos que han venido teniendo lugar en otras ciudades del país y que evidencian un patrón de persecución en su contra.

Caribe Afirmativo

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[1] Principio non refoulement, que consiste en un derecho universal bajo el cual “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas” (art 33, Convención de 1951sobre refugiados)Sin embargo, la evolución del orden internacional se ha reforzado sobre la base de los estándares de protección complementaria, entendida como “la protección que la entidad autorizada en el país de acogida otorga al extranjero que no tiene regularidad migratoria y que no califica como refugiado bajo la definición tradicional o la ampliada, consistente, principalmente, en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, libertad, seguridad o integridad se verían amenazadas