Paz Total: Tercera audiencia en el Congreso enfrenta dilemas sobre reincidencia, víctimas y límites de la justicia.

El debate en la capital tuvo un carácter más técnico: cómo garantizar la reparación a las víctimas, qué hacer con los reincidentes y cómo evitar que el nuevo modelo repita los errores de procesos como Justicia y Paz (2005) y la JEP (2016).

En el Congreso de la República se realizó la tercera audiencia pública sobre el proyecto de ley que establece el marco jurídico de la Paz Total. Tras las sesiones en Tumaco y Medellín, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes abrió un nuevo espacio en Bogotá para escuchar a comunidades, organizaciones civiles y expertos en torno a una iniciativa que busca definir reglas claras para juzgar a actores armados ilegales y a personas vinculadas a la protesta social.

Categorías y tratamiento diferenciado

El proyecto introduce distinciones entre distintos tipos de estructuras ilegales:

• GAOML (Grupos Armados Organizados con Motivación Política): con control territorial y fines políticos. Tendrían un tratamiento transicional con penas reducidas de 2 a 8 años, condicionadas a la desmovilización, entrega de bienes, verdad y reparación.
• GAO (Grupos Armados Organizados): sin fines políticos, pero con poder armado. También recibirían el mismo tratamiento transicional bajo condiciones similares.
• EAOCAI (Estructuras Armadas de Crimen Organizado de Alto Impacto): de carácter criminal. Podrían obtener rebajas de entre 40 % y 60 % de sus penas solo si colaboran con su desmantelamiento.
• Casos de protesta social: se plantea el principio de oportunidad en delitos menores y rebajas de hasta el 70 % en delitos graves, siempre que exista reparación y aporte a la verdad.

El Ministerio de Justicia defendió este diseño como un modelo de “justicia integrada”, aunque sectores críticos advierten que las reducciones de pena para crímenes graves podrían interpretarse como impunidad.

El dilema de los reincidentes

Uno de los puntos más polémicos es el tratamiento a los reincidentes. El proyecto plantea que puedan hacer parte de acuerdos de paz, en contravía de lo dispuesto en el Artículo Transitorio 66 de la Constitución, que prohíbe a exfirmantes de acuerdos anteriores acceder de nuevo a mecanismos de justicia transicional.

Esto impacta directamente a los líderes de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo, quienes, según la norma, no deberían acceder a beneficios. Sin embargo, excluirlos podría bloquear de hecho cualquier posibilidad de negociación.

¿Quiénes son los reincidentes?

Entre las estructuras armadas que retomaron las armas tras procesos previos se encuentran:

• Estado Mayor Central (EMC): liderado por Iván Mordisco y Calarcá, activo en Meta, Guaviare y Caquetá.
• Segunda Marquetalia: encabezada por Iván Márquez, con base en la frontera con Venezuela.
• Frente Oliver Sinisterra: en Tumaco, fundado por Guacho (abatido), hoy bajo nuevos mandos.
• Columna Carlos Patiño: en el Cauca, liderada por alias Morocho.
• Columna Acacio Medina: en Vichada, bajo John 40.
• Guerrillas Unidas del Sur: en Putumayo y Nariño.

A estas se suma el Clan del Golfo, la red criminal más poderosa del país, heredera de exparamilitares desmovilizados en 2005. Aunque su jefe alias Otoniel fue extraditado, la organización sigue activa bajo mandos regionales.

Las voces oficiales

Por su parte, Juan David Villalba, director de Justicia Transicional, afirmó que “la gente está reclamando un marco jurídico para la paz que permita brindarle seguridad jurídica a las víctimas y también a quienes decidan acogerse”. Añadió que “este proyecto no significa impunidad, sino acceso a la justicia con verdad y reparación”.

En cuanto a las garantías, Villalba aseguró que el proyecto otorga a las víctimas un papel central en todas las etapas: “Brinda herramientas jurídicas a jueces y fiscales para adelantar investigaciones claras y oportunas que permitan conocer quiénes fueron financiadores y colaboradores, con participación de las víctimas en cada fase”.

Desde el Congreso, el representante Gabriel Becerra reconoció la controversia: “Este es un proyecto polémico por el contexto de violencia y magnicidio, pero lo importante es abrir espacios de diálogo y escuchar a las víctimas y a los centros de pensamiento”. Según explicó, los debates más sensibles giran en torno al monto de las penas, la inclusión de la protesta social y las medidas de sometimiento.

Reparación y credibilidad

El manejo de bienes entregados por los grupos armados es otro punto crítico. Durante Justicia y Paz, de los más de 12.000 bienes reportados por las AUC, apenas una fracción sirvió para reparar víctimas. El temor es que se repita ese fracaso.

El cierre de la audiencia

La Comisión Primera de la Cámara anunció que continuará con la construcción de la ponencia con los insumos recogidos en estas audiencias, con el compromiso de ajustar los puntos sensibles sin perder de vista el objetivo principal: garantizar justicia, reducir la violencia y avanzar hacia la Paz Total.

Fuente: Revista RAYA Y RTVC.