A 27 años de la creación del ESMAD, su regreso reabre el debate sobre las víctimas, la impunidad y el derecho a la protesta

Por: La Plena Caribe. 

El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), luego de que el gobierno de Gustavo Petro lo reemplazara por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), volvió a encender el debate sobre el historial de violaciones a los derechos humanos atribuidas a esta unidad policial y las garantías para el ejercicio de la protesta social en Colombia.

Creado el 24 de febrero de 1999, el ESMAD fue durante 27 años el principal cuerpo encargado del control de disturbios y manifestaciones. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron durante ese período decenas de denuncias por uso excesivo de la fuerza, homicidios, lesiones graves, detenciones arbitrarias y otros abusos cometidos durante operativos contra estudiantes, campesinos, pueblos indígenas, sindicatos y manifestantes.

Víctimas que marcaron la historia del ESMAD

El regreso anunciado por el nuevo gobierno revive la memoria de algunos de los casos más emblemáticos ocurridos durante intervenciones de esta unidad. Entre los casos más representativos se encuentran:

• Carlos Giovanni Blanco, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional, muerto durante una protesta estudiantil en Bogotá en 2001.
• Jaime Alfonso Acosta, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, fallecido durante una movilización universitaria en Bucaramanga en 2002.
• Nicolás Neira, de 15 años, quien murió tras la golpiza que recibió durante la marcha del Primero de Mayo de 2005. La Procuraduría determinó la responsabilidad disciplinaria de integrantes del ESMAD en estos hechos.
• Jhonny Silva Aranguren, estudiante de la Universidad del Valle, asesinado en 2005 durante una intervención policial. La Fiscalía concluyó que el disparo que acabó con su vida provino de integrantes del ESMAD.
• Óscar Leonardo Salas, estudiante de la Universidad Distrital, fallecido en 2006 durante un operativo antidisturbios.
• Édgar Bautista, joven de 20 años que murió después de recibir a corta distancia el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un agente del ESMAD en Bogotá.
• Miguel Ángel Barbosa, campesino fallecido durante el Paro Nacional Agrario de 2013 en hechos atribuidos al accionar del ESMAD.
• Víctor Triana, manifestante que perdió la vida durante las protestas del Paro Agrario de 2013.
• Dilan Cruz, estudiante de 18 años que murió en noviembre de 2019 tras recibir el impacto de un proyectil tipo bean bag disparado por un integrante del ESMAD durante las movilizaciones en Bogotá.

Estos nombres se convirtieron en símbolos de una discusión nacional sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado y la obligación de garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica.En varios de estos expedientes, la Procuraduría, la Fiscalía y diferentes decisiones judiciales establecieron responsabilidades disciplinarias o vincularon actuaciones de integrantes del ESMAD con las muertes ocurridas durante el ejercicio del derecho a la protesta. No obstante, familiares y organizaciones sociales denuncian que la mayoría de los casos permanecen sin responsables penales condenados.

Denuncias e impunidad

Además de las muertes, organizaciones de derechos humanos denunciaron durante años el uso de armamento no convencional, entre ellas las llamadas "municiones recalzadas", proyectiles modificados con fragmentos metálicos y otros materiales capaces de incrementar su capacidad lesiva.

Registros audiovisuales y testimonios de exintegrantes del ESMAD también documentaron presuntos excesos en distintos operativos, mientras familiares de las víctimas sostienen que la falta de sanciones judiciales favoreció la repetición de estos hechos.

Un debate que vuelve al país

Durante el gobierno de Gustavo Petro, el ESMAD fue sustituido por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) con el propósito de privilegiar el diálogo y reducir el uso de la fuerza en las manifestaciones.

Ahora, con la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de restablecer el escuadrón como parte de su política de seguridad, organizaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles y familiares de las víctimas advierten que el país vuelve a enfrentarse al debate sobre cómo garantizar el orden público sin repetir las prácticas que dejaron una profunda huella de violencia e impunidad.

Para las víctimas, la discusión trasciende el regreso de una unidad policial. Se trata de la memoria de quienes perdieron la vida ejerciendo su derecho a la protesta y de la exigencia de que estos hechos no vuelvan a repetirse.