Breve aproximación a la situación socioeconómica del departamento del Atlántico
Abril de 2016
Introducción
El departamento del Atlántico es uno de los departamentos que más ha aportado al desarrollo
económico, social y cultural de Colombia. Su historia está marcada por pujantes bonanzas, centro de
desarrollo del Caribe colombiano y puerta de oro de Colombia. Sin embargo, también ha sido uno de
los departamentos más golpeados por la pobreza y el neoliberalismo en el país. Al respecto, resulta
inocente pensar que el neoliberalismo se ha aplicado e implementado de igual manera en todo el país;
dado los mismos desarrollos regionales desiguales, la fuerza de trabajo, la cultura y la idiosincrasia se
ha moldeado de manera particular, por lo que es preciso que podamos detenernos un poco en la
situación actual del departamento del Atlántico, con énfasis en los últimos diez años en materia de PIB
y pobreza.
PIB en el Atlántico
De acuerdo con el DANE, en el año 2008 la industria en el departamento representaba el 19,9% de la
producción total en relación con un 21,1% del sector financiero e inmobiliario; comercio 17,0%;
minas 0,3%; agricultura, ganadería, caza y pesca 2,5%; transporte, almacenamiento y comunicaciones
un 10,0% (gráfico 1, fuente DANE); mientras que en el año 2013 la industria apenas representaba un
14,2%; los establecimientos financieros bajaron a 20,5%; el comercio al 13,0%; y otros sectores
como el agrícola, la construcción, los servicios públicos, explotación minera y servicios sociales,
llegaron en total a un 24,4% del PIB departamental (gráfico 2, fuente DANE).
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| Fuente DANE |
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| Fuente DANE |
En términos comparativos,
esta información demuestra que entre esos cinco años hubo una reducción de casi
el 3% en la industria, un 4% del comercio y casi un 1% en el sector
financiero-inmobiliario. Esto evidencia un decrecimiento de la economía del
departamento, a partir del debilitamiento de los dos factores que hacen crecer
y fortalecen cualquier economía: la producción y venta de bienes y servicios.
Sin entrar en elementos más complejos de la economía política, es posible
deducir que cuando la producción de bienes y servicios se reduce, aumentan los
niveles de pobreza y desigualdad, debido a que, por ejemplo (usando un caso
hipotético del sector de la industria), si en el 2008 habían 100 empresas en
todo el departamento y cada una de ellas tenía 10 empleados, es decir, empleaban
a 1.000 personas, en el año 2013, 18 de esas 100 empresas habrían cerrado, es
decir, 180 de esas 1,000 personas estarían desempleadas.
Es preciso
comprender que una reducción del 3% en el PIB representa una reducción del 18%
en valores netos de la cantidad de industrias presentes en el departamento. Si
hacemos eso mismo con el sector del comercio, con un 4% en esos cinco años, 24
de los 100 locales comerciales estarían cerrados, y ello explica el
decrecimiento del sector financiero.
Esto no sólo afecta a la población que queda en situación de desempleo y a su núcleo familiar, sino que es preciso entender que afecta al conjunto de la población del Atlántico, ya que estas eran empresas que antes pagaban impuestos y aportaban al presupuesto público, al igual que las personas que estaban empleadas contribuían al presupuesto del departamento. Con una reducción en el presupuesto público, sin tener en cuenta los niveles de corrupción, se reduce de manera directa el presupuesto de inversión en educación, salud, infraestructura y demás. En resumidas cuentas, genera un detrimento en la calidad de vida de toda la población del departamento.
Resultado de ello es que al año 2015, según el DANE, en el
departamento del Atlántico en materia económica la informalidad se sitúa en el
56,6%, en contraposición con el 14,6% vinculado a la industria (124.684
personas de 2.460.863 habitantes que tiene el departamento). A su vez, de este
56,6%, el 45,8% son trabajadores por cuenta propia; mientras que obreros y
empleados particulares alcanzan el 40,8%; en contraposición a sólo un 3,1% de
patronos o empleadores.
En contraposición con la realidad latente de la industria, el
comercio y el empleo en general, encontramos la denominación de Barranquilla
como “la ciudad del TLC”, “la ciudad puerto”, “la ciudad logística”. A partir
de la declaración política del gobierno nacional y el Departamento de
Planeación Nacional, Barranquilla como capital del departamento debe ser el
enclave económico de desarrollo e impulso para toda la región Caribe
colombiana. Ideas con las que se han legitimado propuestas de zonas francas,
inversión en puertos, en vías y demás desde hace una década, por lo menos.
Así se pone de presente que, según el artículo publicado en El
Tiempo, titulado “Barranquilla, en la batuta empresarial del Caribe” publicada
el 27 de agosto de 2015, en el cual, “según María José Vengoechea, presidente
de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el desarrollo del emprendimiento en
la región Caribe cuenta con un marcado protagonismo de la ciudad de
Barranquilla, seguido de Cartagena, Santa Marta y Sincelejo, como focos del
desarrollo de la actividad emprendedora. Barranquilla, según el GEM Caribe
2012, maneja una Tasa de Actividad Empresarial (TEA) por encima del 20%, y en
particular el emprendimiento por oportunidad mantiene una de las tasas más
altas del país con el 14,2%, seguido de Bogotá con 13%. En el caso de
Cartagena, el emprendimiento por necesidad se mantiene con un promedio del
11,3%, seguido de Barranquilla con un 10,5%.”
Sin embargo, al día de hoy el panorama del departamento y la
ciudad es totalmente adverso a la declaración de objetivos y visión de lo que
haría el TLC y los planes de desarrollo a nivel departamental, y puntualmente
con el plan de gobierno del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub,
del Partido Cambio Radical.
El presupuesto del departamento de Atlántico en 2015 fue de 708
mil millones de pesos, de los cuales sólo es capaz de auto-sostener el 58%, por
lo que depende el 42% del presupuesto nacional tal como se muestra en la tabla
1.
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| Tabla 1, fuente Gobernación del Atlántico |
Está condición genera una dependencia del departamento a la
economía nacional. El servicio de deuda, es decir, el dinero que anualmente el
departamento paga de la deuda que tiene, representa un 33% del presupuesto, es
decir, es un departamento que tiene un hueco fiscal, puesto que se endeuda en
el 42 % del total de su presupuesto, pero sólo paga un 33% anualmente, por lo
que, sumando los intereses y el 9% que no se paga, es un departamento que está
asumiendo una deuda impagable. Esto desde una concepción de la defensa de lo
público es bastante preocupante, puesto que un departamento sin presupuesto de
inversión es un departamento que difícilmente podrá crear y fortalecer
proyectos productivos del departamento y aún peor si se piensa en brindar
derechos básicos como salud, educación, vivienda, etc. Sin embargo, desde una
perspectiva neoliberal el bien público no interesa, y a ello se antepone el
lucro privado.
Así pues, el lucro privado significa en este contexto la
privatización de las empresas y el fortalecimiento de la deuda pública para
aumentar las ganancias del sector financiero, además, en la medida en que peor
esté la situación fiscal del departamento, más favorable serán las condiciones
para vender las empresas públicas a bajo precio, entregar en concesión la
administración de bienes públicos y demás.
En materia de comprensión del problema agrario, a pesar de tener
un coeficiente Gini de tierras de 0.13 (menor que el nacional), el Gini del
departamento del Atlántico presenta una tendencia de crecimiento bastante más
marcada que la Nacional, en particular entre
2.000 y 2.004, cuando ocurre un incremento de 0.04 y alcanza un valor de 0.747.
Sin embargo, la diferencia entre los Ginis con y sin UAF (Unidad Agrícola
Familiar) revela que la tierra más concentrada es la de peor calidad para
cultivos y producción. Al analizar el Gini de propietarios, la concentración de
la propiedad se incrementa debido a un fenómeno predominante en todo el país:
la propiedad de varios predios por parte de un solo propietario. Cabe aclarar
que los movimientos entre 2004 y 2009 obedecen puramente a actualizaciones
catastrales, es decir, son datos que no son confiables y seguramente en la
realidad su concentración es aún mayor, esto debe ser contrastado y analizado
de cara al último censo agrario de 2.014.
En razón al uso
del suelo, en el gráfico 4 podemos ver la distribución de la tierra rural por
tamaño de propiedad entre 2000 y 2009 a nivel nacional, que como ya vimos está
en el mismo promedio que en el departamento del Atlántico, en donde en el año
2.000 la gran propiedad concentraba casi el 30% del área en menos del 2,4% de propietarios,
al igual que la mediana propiedad que representa el 46,69% en manos del 18,71%,
mientras que el microfundio, el minifundio y la pequeña propiedad llegaban
apenas al 24,77%, siendo propiedad del 78,9% de las personas. El panorama a
2.009 se mantenía igual de deplorable, con el agravante de que los propietarios
del microfundio aumentaron en un 4% en detrimento del minifundio que disminuyó.
Frente al panorama de tenencia de la tierra es necesario tomar en cuenta la
variable del testaferrato y división de la gran propiedad en mediana propiedad,
como “jugadas” para la evasión de impuestos, tal como lo demostró el Censo
Agrario de 2014, adelantado a raíz del Paro Agrario de 2013, en donde se señala
que el 0,4% de los propietarios concentran el 46% del área de tierra rural
productiva.
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| Gráfico 4. Tomado de: Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia |
Centrando el debate de la concentración de la tierra en el
departamento del Atlántico, por municipio podemos ver (mapa 2) que el de mayor
concentración de la tierra en gran propiedad es el municipio de Luruaco, y la
pequeña propiedad, el minifundio y el microfundio, aún sumadas entre sí, son
minoritarias en todos los municipios del departamento. Es evidente que el
tamaño de la propiedad tiene una relación directa con la concentración de la
tierra con base al índice de Gini de Tierras, en donde 0 significa total
equidad de acceso a la tierra y 1 es donde una sola persona concentra toda la
propiedad de la tierra, generando una total inequidad.
Para el caso del Atlántico, hay una distribución en la que de los
22 municipios que lo componen, dos están entre 0,850 y 0,937, extremadamente
concentrados, tres se encuentran entre 0,762 y 0,849, altísima concentración,
seis entre 0,674 y 0,761, alta concentración, ocho en mediana concentración y
cuatro en concentración moderada. Es decir, que todo el departamento presenta
un nivel de concentración bastante alto, sin excepción, muy por encima del
índice de Gini de un país como Noruega que cuenta con 0,254, y resulta adecuado
traerlo a colación puesto que es un país referente en la producción ganadera,
conducta y vocación de la propiedad que comparte con la región Caribe de
Colombia.
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| Mapa 2, fuente: IGAC, Catastro Nacional |
No es posible entender la economía del departamento sin la
comprensión de la economía de las bandas criminales y los grupos paramilitares
en la Región, puesto que un departamento con un nivel de
informalidad y desocupación tan alto, es bastante propenso a la vinculación,
principalmente de los jóvenes, a dinámicas delictivas ante la falta de
oportunidades de subsistencia. De acuerdo con lo presenciado en el reciente
paro armado, el día 2 de abril de 2016, y el informe presentado por el portal
de análisis www.verdadabierta.com, Barranquilla y Soledad tienen una fuerte
presencia de bandas criminales (mapa 1), que subsisten de la economía del
narcotráfico, el fleteo, extorción y demás, sin embargo, no existen
estadísticas recientes de qué parte del PIB del departamento o cuánto dinero
mueven estas organizaciones.
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| Mapa 1, fuente: Verdad Abierta |
De cara al momento político actual, es preciso investigar y
analizar cuál es el papel de los acuerdos de paz en los territorios del
departamento del Atlántico, puesto que, según la lógica gubernamental, si allí
no hay presencia de las FARC (fundamentados en que la presencia más cercana de
ese grupo -según el mapa 1- está en Codazzi-César), no es preciso aplicar los
acuerdos de La Habana. Por tanto, las llamadas BACRIM y demás grupos
paramilitares controlan un importante sector de la economía en el departamento,
que de cara a la implementación de los Acuerdos, y por misma obligación del
Estado Colombiano, debe ser esclarecido.
Pobreza
De acuerdo al último informe disponible del DANE (2014), se señala
que la línea de pobreza establecida para el departamento, entendida como el costo
per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no
alimentarios) en un área geográfica determinada, quedó establecida en $230.988
(gráfico 3). De acuerdo con lo anterior, un hogar en el Atlántico compuesto por
4 personas, es clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $923.952
al mes. Así pues, en 2014 el porcentaje de personas en situación de pobreza fue
de 28,6%, es decir, 703,807 personas.
El panorama de la pobreza
extrema no es más alentador. La línea de pobreza extrema es el costo per cápita
mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas
calóricas; la línea de pobreza extrema está establecida en $100.278, es decir,
un hogar de 4 personas será clasificado como pobre extremo si su ingreso está
por debajo de $401.112, lo que en el 2013 en el departamento fue de 4,3%, es
decir, 105.817 personas. Así pues, tenemos un total de 809.623 personas entre
la pobreza y la pobreza extrema en el departamento. Y en materia de
desigualdad, el coeficiente de Gini en el año 2014 fue de 0,445.
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| Gráfco 4, Fuente: DANE |
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| Tabla 2, fuente: Departamento Nacional de Planeación |
A manera de
conclusión, diremos que el departamento del Atlántico está orientado hacia la
desindustrialización, la concentración de la tierra y la creación de mano de
obra barata. El proyecto del departamento del Atlántico actual da cuenta de una
idea de desarrollo a partir del subdesarrollo, es decir, de la dependencia a la
economía global y nacional, y de la venta de servicios y bienes privados,
negando la posibilidad de desarrollo propio, y esto da cuenta de la crisis
financiera por la que pasa la Universidad del Atlántico y el crecimiento de
institutos técnicos de bajo nivel académico pero alta tasa de graduandos.
Por otro lado,
es preciso profundizar los estudios y análisis del departamento, puesto que
cada uno de los elementos aquí enunciados tienen una implicación social,
política y económica, que por cuestión de extensión y propósitos se omiten en
este texto, pero busca abrir el interrogante sobre la comprensión de la
situación del departamento para pensar alternativas de desarrollo, con base en
las condiciones actuales del mismo, que, tal como se vio en materia de
endeudamiento y poco nivel productivo, se hace bastante difícil. Realmente es
un reto político poder pensar cómo adelantar el desarrollo del departamento con
base en los bienes públicos, bienes sociales y la igualdad, que son los únicos
elementos a través de los cuales pueden construir una paz estable y duradera,
tal como señala el momento político actual de la mesa de Diálogos de La Habana.
Por David Felipe Gomez: Politólogo de la Universidad Nacional, con opción de grado de Maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador e investigador del Centro de Estudios Socioeconómicos y de Conflictividades Sociales del Caribe. investigacioncaribesocio@gmail.com
Fuentes
Bibilográficas
Atlas
de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia
Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE
Departamento
Nacional de Planeación
Gobernación
del Atlántico
Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
Fuentes
en Internet
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